informatetdf
Según relató en diálogo con El Angel de la Radio por la 94.9 FM Monumental Ushuaia, las denuncias en su contra fueron impulsadas por Celestino Alberto Dalmaso, en el marco de un conflicto laboral originado tras reclamar regularización salarial, reconocimiento de vacaciones y condiciones de trabajo luego de varios años de empleo informal.
De acuerdo a la documentación judicial exhibida, el juez Federico Vidal resolvió el sobreseimiento definitivo el 13 de mayo de 2025 dentro del expediente 6577-2024 correspondiente al Juzgado de Instrucción Nº 3.
La resolución, firmada junto al secretario Salvador Estático, rechazó el requerimiento fiscal “sin más trámite”, dejando legalmente cerrada la acusación penal.
Sin embargo, pese a la resolución judicial favorable, la mujer aseguró que nunca logró recuperar plenamente su vida cotidiana. “Yo estaba sobreseída, pero seguía condenada en internet”, expresó.
Según su testimonio, el origen de las denuncias estuvo vinculado a un reclamo laboral realizado luego de trabajar entre cinco y seis años en condiciones informales.
La mujer afirmó que había solicitado el blanqueo laboral, reconocimiento de vacaciones y mejoras salariales, situación que habría derivado posteriormente en las acusaciones penales.
Además, sostuvo que el mismo denunciante realizó tres presentaciones judiciales en su contra y señaló que el peso social y las conexiones de la familia denunciadora dificultaron enormemente su posibilidad de defensa.
En ese contexto, mencionó que integrantes de la familia tendrían vínculos históricos con sectores influyentes de la comunidad local, situación que —según afirmó— generó temor tanto en ella como en otras trabajadoras que continúan desempeñándose en condiciones precarias.
“Nadie verificó nada y publicaron mi cara en todos lados”. Uno de los aspectos más delicados del caso fue el impacto mediático que tuvieron las acusaciones iniciales.
La mujer denunció que distintos portales digitales difundieron su imagen, datos filiatorios y acusaciones sin verificar la información judicial ni dar lugar a su versión de los hechos.
Según explicó, aunque la causa terminó cerrada judicialmente, las publicaciones continúan apareciendo indexadas en buscadores como Google, provocándole graves consecuencias laborales y personales.
Entre los perjuicios mencionó pérdida de oportunidades de empleo, rechazos laborales y daños emocionales tanto para ella como para su entorno familiar.
Incluso aseguró que algunas empresas dejaron de convocarla luego de encontrar las publicaciones vinculadas a la causa penal.
Frente a esta situación, explicó que ya envió cartas documento a distintos medios y periodistas solicitando el retiro de imágenes e información publicada durante el proceso judicial.
Además, indicó que conserva capturas y pruebas de publicaciones que —según sostiene— afectaron gravemente su reputación pública.
La mujer adelantó también que planea iniciar acciones civiles por daños y perjuicios contra la familia denunciadora apenas logre afrontar económicamente la contratación de un abogado.
Paralelamente, evalúa realizar presentaciones ante plataformas digitales para solicitar la desindexación o eliminación de contenidos vinculados a las acusaciones que ya fueron descartadas judicialmente.
Durante su relato, también contó que gran parte del proceso judicial coincidió con una situación familiar extremadamente delicada debido a la grave enfermedad de su esposo, quien permaneció internado en terapia intensiva.
Esa situación —aseguró— la dejó emocionalmente agotada y le impidió avanzar antes con acciones legales o mediáticas para defenderse públicamente.
Además, sostuvo que varias ex compañeras continúan trabajando “en negro” y temen declarar o involucrarse por posibles represalias laborales.
Finalmente, expresó sentirse víctima de una situación de impunidad sostenida por relaciones de poder y vínculos institucionales dentro de la comunidad. “Lo judicial terminó hace tiempo. Pero el daño sigue todos los días”, concluyó.
